¿Qué falta para encender la mecha de la violencia?

¿Hay una alternativa a la “mano dura” que
pase por atacar las fuentes reales
de la conflictividad y no solamente
por sus expresiones cotidianas?
Ojalá que sí.

El Informe final de la Encuesta de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública,  a cargo del Observatorio de Salud Urbana de Guatemala, se suma a una serie de estudios similares realizados los últimos años en el país y en Latinoamérica.

Su objetivo es ofrecer datos fiables y comparables sobre las distintas expresiones de la violencia delincuencial (las víctimas, los agresores, las características de los hechos, la cantidad de denuncias y el subregistro, etcétera), así como algunos de sus efectos. En última instancia, las investigaciones recogen, ordenan y presentan estos datos,  y ofrecen información para que se tomen medidas preventivas que eviten la violencia y sus efectos.

Los efectos de la violencia y la inseguridad en la población son devastadores. Van desde los más directos, como pérdidas económicas y materiales o daños físicos/psicológicos, hasta un sinfín de efectos indirectos como los costos en Salud Pública, la pérdida del capital social (por la desconfianza, la ruptura del tejido social) y la pérdida de fuerza laboral (la violencia afecta mayoritariamente al hombre en edad productiva), la desviación de gastos sociales y familiares hacia mecanismos para aumentar la (sensación de) seguridad.  Y, en un plano más amplio, los altos niveles de violencia que desincentivan la inversión.

La violencia es un lastre para el desarrollo económico, y también lastra el desarrollo político a través de dos mecanismos vinculados entre sí. El primero, que la violencia dificulta las condiciones para participar activamente en la sociedad, pues la sensación de riesgo es tan elevada (90% de las personas piensan que podrían ser víctimas de un hecho delictivo), que limitan sus actividades sociales para evitar tal riesgo.

La encuesta recoge algunos cambios de hábitos realizados para evitar la inseguridad (dejar de usar transporte público, dejar de ir a la escuela, dejar de visitar amigos y familiares, dejar de salir de noche, etcétera). Y una hipótesis sería que son menos propensos a organizarse para luchar contra la violencia (ir a reuniones, participar en grupos de discusión y reflexión social o política, etcétera) debido a que sería una actividad que supondría una serie de riesgos.

El otro mecanismo es el que las personas, debido a la sensación de indefensión, están dispuestas a delegar en políticas públicas de “mano dura”, la solución al problema de la violencia.

No me explayaré ahora explicando lo poco efectivo (sobre todo a medio y largo plazo) del modelo “mano dura”, sino diré que cualquier modelo represivo y violento es, en esencia, un freno para la democracia, ya que se basa en el control social, el castigo y en la fuerza, más que en el fortalecimiento del capital social.

Y probablemente lo más grave del modelo “mano dura” es que tiende a enfocarse demasiado en los síntomas y expresiones de la violencia, y no tanto en sus causas.

Es cierto que la violencia es un problema complejo, donde se mezclan muchos factores y a veces resulta difícil saber por cuál empezar. Pero lo que muchos estudios diversos vienen confirmando desde hace años en distintas partes del mundo, es la íntima relación entre desigualdad y violencia.

Según Oxfam,  los países con una desigualdad económica extrema sufren casi cuatro veces más homicidios que los países más igualitarios. De acuerdo con el PNUD, la dimensión económica-estructural (poca movilidad social que genera delito aspiracional) y la dimensión social (entre sus factores clave, la desigualdad) son dos de las cuatro causas principales de la violencia.

Y según la Encuesta de Victimización, la cual fue publicada en diciembre pasado, la grave situación de tensión social se puede atribuir a la interrelación entre la creciente desigualdad social y la debilidad institucional.

El 31% de las personas encuestadas cree que el problema más preocupante de Guatemala es la inseguridad, y el 90% piensan que pueden ser víctimas de un delito en los próximos meses.

Es seguro que los partidos políticos en su carrera electoral serán sensibles de esta preocupación social y se esmerarán en prometer soluciones contra la violencia y la inseguridad.

Pero más allá de decir lo que la gente quiere escuchar, ¿tendrá alguno una propuesta real y seria para luchar contra la desigualdad social y económica, causa principal de la violencia? Espero que sí, y espero que la ciudadanía vote conscientemente por un modelo de sociedad en que la seguridad y el bienestar sean mucho más que simplemente vivir sin miedo a un asalto en el autobús.

Por: Mgtr. Rodrigo Barahona, Psicólogo e investigador social
*Artículo publicado originalmente en la revista digital Nómada.

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DISPONIBLE: Base de datos Primera Encuesta sobre Victimización y Percepción de la Seguridad Pública EVIPES13.

A partir del día 1 de junio del 2015 esta liberada y disponible la base de datos del Primera Encuesta sobre Victimización y Percepción de la Seguridad Pública EVIPES13. El archivo disponible contiene:

  1. Base de datos de le EVIPES 2013 en SPSS Y STATA.
  2. Diccionario de variables.
  3. EVIPES 2013 Texto.
  4. Informe final EVIPES 2013.

Para acceder a los archivo deberá enviar el formulario de aceptación de términos de uso (el cual puede descargar haciendo click acá) al correo mvelasquez@saludurbana.org, el cual será respondido de manera expedita.


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El caldo de cultivo de la violencia: un abordaje a partir de la reflexión sobre los datos de la Encuesta de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública EVIPES13.

arma

Este pequeño documento pretende traer a la reflexión actual sobre la problemática de la Ciudad de Guatemala; estos aspectos que Pérez Galdós en su célebre obra hiciera hace ya más de un siglo.  Una sociedad que lastima la dignidad de su población está condenada a reproducir aquello que repele de ella.

A partir de los datos centrales contenidos en la Encuesta de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública, EVIPES 2013 y auxiliándose de otras fuentes de datos disponibles seleccionadas se intenta traer al análisis la condicionalidad de una sociedad que segrega y determina a su población; provocando con ello procesos de tratamiento diferenciado (desiguales) a sus habitantes, derivando en una condicionalidad que inhibe el encuentro ciudadano y la estigmatización y criminalización de grupos poblaciones que son ante todo víctimas y no victimarios. Descargar artículo completo.

Visibilizando una problemática: asentamientos precarios en la ciudad de Guatemala.

asentamiento

Un problema creciente, y sin aparentes soluciones permanentes, en Guatemala es el acceso a la vivienda. Aunque el sector inmobiliario es amplio en oferta sigue siendo inaccesible para una gran mayoría de la población. Aquellos que logran acceder a una vivienda en propiedad deben cargar con una deuda, como mínimo, durante toda su vida productiva. La misma Política Nacional de Vivienda y Asentamientos (2004), que responde a la Ley de Vivienda y Asentamientos Humanos aprobada por la Organismo Legislativo en el 1996, dentro de su marco contextual, reconoce ésta problemática y las deficiencias del Estado (incluyendo los gobiernos locales municipales), y el desinterés del sector privado en proveer soluciones efectivas.

El problema de acceso a vivienda popular tiene un alto costo para el desarrollo de las ciudades, incrementa la desigualdad social y la pobreza, lo que a su vez impacta directamente en la salud, educación, medio ambiente y seguridad de las urbes y sus pobladores. El derecho a una vivienda también implica el acceso a una vida digna.

En este contexto Centro de Investigación en Salud Urbana se ha interesado por generar discusión analítica respecto al tema de asentamientos precarios, bajo el entendimiento de que este fenómeno está estrechamente ligado a las condicionantes de la salud urbana. La sistematización de las problemáticas de salud pone en perspectiva que muchas de estas situaciones son derivadas de las condiciones de subdesarrollo, que incluye la falta de acceso a servicios básicos, en las que vive la población y que parecieran estar directamente relacionadas a su condición de asentamientos precarios o informales. Descargue Artículo Completo.

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