¿Qué falta para encender la mecha de la violencia?

¿Hay una alternativa a la “mano dura” que
pase por atacar las fuentes reales
de la conflictividad y no solamente
por sus expresiones cotidianas?
Ojalá que sí.

El Informe final de la Encuesta de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública,  a cargo del Observatorio de Salud Urbana de Guatemala, se suma a una serie de estudios similares realizados los últimos años en el país y en Latinoamérica.

Su objetivo es ofrecer datos fiables y comparables sobre las distintas expresiones de la violencia delincuencial (las víctimas, los agresores, las características de los hechos, la cantidad de denuncias y el subregistro, etcétera), así como algunos de sus efectos. En última instancia, las investigaciones recogen, ordenan y presentan estos datos,  y ofrecen información para que se tomen medidas preventivas que eviten la violencia y sus efectos.

Los efectos de la violencia y la inseguridad en la población son devastadores. Van desde los más directos, como pérdidas económicas y materiales o daños físicos/psicológicos, hasta un sinfín de efectos indirectos como los costos en Salud Pública, la pérdida del capital social (por la desconfianza, la ruptura del tejido social) y la pérdida de fuerza laboral (la violencia afecta mayoritariamente al hombre en edad productiva), la desviación de gastos sociales y familiares hacia mecanismos para aumentar la (sensación de) seguridad.  Y, en un plano más amplio, los altos niveles de violencia que desincentivan la inversión.

La violencia es un lastre para el desarrollo económico, y también lastra el desarrollo político a través de dos mecanismos vinculados entre sí. El primero, que la violencia dificulta las condiciones para participar activamente en la sociedad, pues la sensación de riesgo es tan elevada (90% de las personas piensan que podrían ser víctimas de un hecho delictivo), que limitan sus actividades sociales para evitar tal riesgo.

La encuesta recoge algunos cambios de hábitos realizados para evitar la inseguridad (dejar de usar transporte público, dejar de ir a la escuela, dejar de visitar amigos y familiares, dejar de salir de noche, etcétera). Y una hipótesis sería que son menos propensos a organizarse para luchar contra la violencia (ir a reuniones, participar en grupos de discusión y reflexión social o política, etcétera) debido a que sería una actividad que supondría una serie de riesgos.

El otro mecanismo es el que las personas, debido a la sensación de indefensión, están dispuestas a delegar en políticas públicas de “mano dura”, la solución al problema de la violencia.

No me explayaré ahora explicando lo poco efectivo (sobre todo a medio y largo plazo) del modelo “mano dura”, sino diré que cualquier modelo represivo y violento es, en esencia, un freno para la democracia, ya que se basa en el control social, el castigo y en la fuerza, más que en el fortalecimiento del capital social.

Y probablemente lo más grave del modelo “mano dura” es que tiende a enfocarse demasiado en los síntomas y expresiones de la violencia, y no tanto en sus causas.

Es cierto que la violencia es un problema complejo, donde se mezclan muchos factores y a veces resulta difícil saber por cuál empezar. Pero lo que muchos estudios diversos vienen confirmando desde hace años en distintas partes del mundo, es la íntima relación entre desigualdad y violencia.

Según Oxfam,  los países con una desigualdad económica extrema sufren casi cuatro veces más homicidios que los países más igualitarios. De acuerdo con el PNUD, la dimensión económica-estructural (poca movilidad social que genera delito aspiracional) y la dimensión social (entre sus factores clave, la desigualdad) son dos de las cuatro causas principales de la violencia.

Y según la Encuesta de Victimización, la cual fue publicada en diciembre pasado, la grave situación de tensión social se puede atribuir a la interrelación entre la creciente desigualdad social y la debilidad institucional.

El 31% de las personas encuestadas cree que el problema más preocupante de Guatemala es la inseguridad, y el 90% piensan que pueden ser víctimas de un delito en los próximos meses.

Es seguro que los partidos políticos en su carrera electoral serán sensibles de esta preocupación social y se esmerarán en prometer soluciones contra la violencia y la inseguridad.

Pero más allá de decir lo que la gente quiere escuchar, ¿tendrá alguno una propuesta real y seria para luchar contra la desigualdad social y económica, causa principal de la violencia? Espero que sí, y espero que la ciudadanía vote conscientemente por un modelo de sociedad en que la seguridad y el bienestar sean mucho más que simplemente vivir sin miedo a un asalto en el autobús.

Por: Mgtr. Rodrigo Barahona, Psicólogo e investigador social
*Artículo publicado originalmente en la revista digital Nómada.

Descargar en PDF.

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s