Violencia en México: ¿problema social o de salud pública?

Por: Donovan Casas Patiño, Alejandra Rodríguez Torres, Mario Rodolfo Salazar Morales

Marzo 2016

Resumen

Este artículo pretende explicar la importancia de la violencia como fenómeno social y de salud pública, al tratar de vislumbrar este problema no sólo desde el enfoque curativo de la salud, sino desde los determinantes sociales en salud como lo económico, político, jurídico y demográfico, donde jóvenes carecen de oportunidades reales con un Estado en fuga. Todos estos son entramados que juegan un papel fundamental en la manifestación del hecho implícito de la violencia. Es así que el debatir respecto al abordaje y resolución de la violencia abre el camino a nuevas miradas respecto a lo social, como parte de una salud pública que no se puede alejar por completo de la situación real de los colectivos. Así, la entrada a esta situación demuestra que no podemos seguir mirando en forma discordante los problemas reales en salud social de nuestra sociedad.

Introducción

En los últimos años en el México de las tinieblas, un parásito se ha incrustado dentro de las estructuras más finas de la sociedad. Este parásito ha sido omitido y negado por parte del mismo sistema, en aras de crear fugacidad del hecho enfermizo. Este patógeno ha dado pie a infinidad de dolencias sociales crónicas que generan dolor, lamento, llanto, traición, corrupción y olvido. Este mal se inoculó, se transmitió y ahora se perpetúa. Este parásito se llama violencia y se presenta como el último recurso de una sociedad en descomposición, donde delitos de alto impacto muestran la violencia extrema con el fin de obtener control, ya sea económico, político o social. Muchas veces es consecuencia de venganza, arreglos territoriales, cobro de plazas o lealtad. Una representación de violencia es el homicidio doloso (muerte), el cual hace su aparición como el actor principal de esta malévola obra llamada “atentado final contra un pueblo”.

Esto condiciona, entre muchos otros efectos, un clima de inseguridad y hostilidad social que a nivel macro equivale a ausencia de inversión de capital extranjero así como desestabilidad política [1]. A nivel meso, las estructuras fácticas de poder han quedado a merced del nulo ingreso económico por políticas neoliberales que impiden desempeñar el rol protector del Estado y están apresadas por el crimen organizado [2]. A nivel micro, la familia y el individuo son violentados con los delitos que se perpetúan dentro de estructuras sociales desagarradas por el crimen e impunidad [3]. En ese sentido la violencia rebasa los límites del acto mismo, atormentando a los colectivos con una vida llena de vejaciones y sin libertad.

Se debe entender que el homicidio doloso es un acto premeditado por él o los perpetradores para causar la muerte a una víctima. El fin de este proceso es la destrucción de la vida. En el homicidio doloso se tiene una fase subjetiva, que es una ideación o motivación para cometer un delito, y una fase objetiva donde se materializa y consuma el acto. Así una extorción aislada con el fin último de privar la vida, contiene implícito este acto destructor de la sociedad [4]. Luego, no solo se ha reconfigurado el homicidio doloso como el único evento de violencia sino también existe el suicido y la violación sexual como actos atroces de la vida misma. De esta forma, en México se ha construido a la muerte como el acto de un final premeditado por consecuencias ilícitas autorizadas por el Estado. El dador de verdades absolutas condona algunas muertes y ejecuta otras. ¿Qué entender cuando la muerte te acecha a cada momento? ¿Tratas de desaparecer y de todos modos te alcanza?

Otro caso más es lo ocurrido a Rubén Espinosa Becerril, fotógrafo, asesinado el pasado viernes en un departamento de la colonia Narvarte. Espinosa presentaba el tiro de gracia con arma calibre 9 milímetros y lesiones en diversas partes del cuerpo [5]. ¿Esto debe pasar o está pasando sin reconsiderar los hechos consumados?

Para entender la violencia a la mexicana


Especular respecto a la hipótesis mediática nacional de violencia como parte del combate al narcotráfico, como parte del tan anhelado crecimiento social mexicano, nos pone en un camino tortuoso lleno de conflictos. Ello, debido a que en ese sentido la más evidente expresión de la violencia está dada en la mortalidad por homicidio y la existencia de formas sutiles de la misma [6].

Esta argumentación daña por completo a todo el tejido social desde su base hasta su estructura, puesto que preceptos mediáticos confrontan al sentido común del colectivo, creando imaginarios sociales respecto al concepto mismo de violencia. De esta manera, la familia, sus integrantes y las instituciones, son presas de la gran cascada de eventos adversos que se desarrollan en todo el territorio nacional, llevándose a cabo manifestaciones plenas de violencia que se incrementan exponencialmente. Aquí no hay cabida para la paz y tranquilidad dentro de un territorio azotado por la acción y reacción de la violencia.

El Estado procura mantener el derecho constitucional en estos momentos a través de dos líneas: la amnesia social y mediática. Para ello agota líneas de investigación y focaliza el fin de los casos como una confusión de los criminales (con esto concluye hechos irresueltos de indagatorias aisladas) [7],[8], para crear olvidos de la realidad.

Otra acción, la más poderosa, es la contra reacción al acto violento que es la respuesta de los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Procuraduría General de la República y la Policía Federal; a las agresiones con armas de alto poder [9]. En esta respuesta se utilizó un helicóptero de combate para suprimir a los presuntos culpables [10], dando como resultado 43 muertos en Michoacán, 43 en Ayotzinapa [11], nueve en Jalisco [12], 21 en Tamaulipas [13], más 10 muertos que se suman en Guerrero y Monterrey [14],[15]con un acumulado de 105 muertos en Chilapa [16] o 193 en Michoacán [17]. Con esta acción se concluye, si el término mismo lo permite, como en la obra “El malvado contra el maléfico”, que “en México existen días de violencia social sostenida que conduce a la muerte como un acto inevitable en el país, donde además, esto se asimila en muchos medios de comunicación corrompidos por el poder fáctico del momento, al marcador de dos equipos que compiten entre ellos para obtener las bajas más cuantiosas del contrincante”. Al final de todo el acto, cuando uno de los dos da por terminada su derrota, construirá su reino y volverá a surgir otro contrincante puesto que uno de cada tres narcos tiene antecedentes militares [18] o pertenecen al mismo bando mutando solo de atuendo [19].

El ejemplo más claro de esta transformación es el origen de los carteles más fuertes de México Los Zetas y el Cartel Nueva Generación. Ambos integrados por ex militares, ex policías capacitados en el manejo de armas de grueso poder, tácticas de guerra y contrainsurgencia [20]. En ese sentido, ¿cuándo terminará esta guerra absurda e ilógica que tanto daño ocasiona? La respuesta no tiene fin, apenas comienza porque “desde hace años está planeada por la CIA (Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos) y la DEA (Administración para el Control de Drogas) para llevarse a cabo en territorio mexicano. Esto orquestado desde Washington y si vemos a escala mundial, son los orquestadores de guerras del mismo sistema: Colombia, Afganistán, Irak y Siria” [21]. Estos son ejemplos claros de una infamia de carácter internacional.

¿Qué depara a los colectivos en el presente y futuro de sus integrantes? Si cada segundo, hora, día y año que pasa en el territorio mexicano, se suman cuerpos inertes llenos de dolor, secuelas, ignominia y muerte; la violencia recorre sin apuro y sin límites los frágiles ejes de la comunidad que imbuidas de actos aprendidos de una cultura llena de violencia y crimen, suscitan el fruto de su misma creación. Un ejemplo de ello surge en la siguiente crónica noticiosa “cinco adolescentes de la misma colonia encontraron a Cristopher de 6 años fuera de su domicilio, lo invitaron a recoger leña y, una vez alejados de la zona habitacional, decidieron jugar con él al secuestro y lo ataron” [22]. El resultado es muerte. Luego, los asesinos confesaron que “todo era un juego, aparentar un plagio” [23]. Esta es una alteración social en ambientes psicópatas, que impelen al acto más atroz de la humanidad: la violencia en escalada contra la propia especie.

México ha presentado tasas de homicidios al alza en los últimos años. Desde 1990 a 1999 fue de 14,4; de 2000 a 2009 fue de 10,3 y desde 2010 a 2013 fue de 22,8 por cada cien mil habitantes [24],[25]. Estos indicadores nos dan una idea de la realidad imperante en el país. Podemos ejemplificar en el contexto mundial que en ocho meses de 2013 existieron 13 775 asesinatos en México, que comparado con nueve meses de 2014 con la milicia del Estado Islámico en Irak y Siria (Asia) corresponde a 9 400 muertos.

Aquí hay una guerra declarada [26] entre dos partes, que es vista por analistas políticos como un conflicto bélico que requiere intervención mundial para parar esta destrucción. Sin embargo, en México se vende una idea construida de que este combate llevará a la pacificación de todo el territorio. De esta manera se vislumbra un aumento en el número de fallecimientos relacionados a la privación de la vida, generando un panorama local y uno general. El primero se analiza como conflictos de territorio por grupos de poder o alianzas entre grupos rivales; el segundo como una acción esporádica entre grupos de poder que están inconformes con su parte territorial. Con ello se fragmenta la violencia como parte final de combate al establecimiento de la legalidad por parte del Estado. Así, lo que se puede observar en gran parte de la república mexicana son imágenes cargadas de la destrucción de la vida humana. Éstas se contraponen a las imágenes fragmentadas por el eje fáctico, vendidas como esporádicas y fuera de lugar (Figuras 1 y 2).


Figura 1. En el Puerto de Acapulco han ocurrido choques entre grupos armados, pese a la presencia de fuerzas federales. Foto: Javier Verdín. Periódico La Jornada, domingo 22 de marzo de 2015, p. 2.

Figura 2. Violencia y fotografía. Publicar o no, he ahí el dilema. Revista Cuartooscuro, Agencia de Fotografía y Edición. Carlos María Meza y Anasella Acosta, 10 de febrero del 2011.

Cabe mencionar que esta violencia está focalizada en ciertas zonas del país como Guerrero, Baja California Norte, Chihuahua, Sinaloa, Durango y Nayarit [27]. Sin embargo, no se pueden aislar de las condiciones generales del país sin perder un enfoque holístico y crítico. Este análisis no debe decidirse exclusivamente con los números brutos en los que se basa el Estado. Debe existir una transformación hacia valores relativos, donde la posibilidad de 100 muertos en un lado contra 10 en otro no deslinda el hecho de la existencia de un ente malévolo mayor de un lado u otro del país. Todo esto corresponde a un mismo fenómeno de conclusión fatal, donde el análisis del homicidio es parte fundamental del desenlace global de una ineptitud de los sistemas que imparten justicia.

En las Américas se presenta una tasa de homicidios de 28,5 por cien mil habitantes [28], la más alta de todo el mundo superando el área geográfica de África. En América, Honduras lidera este ranking con una tasa de 90, seguida de Venezuela con 54, Belice con 45, El Salvador con 41, Guatemala con 40, Jamaica con 39, Colombia con 31, Bahamas con 30, Trinidad y Tobago con 28, y Brasil con 25 [24]. Esta epidemia social está debilitando las fibras más fuertes de la sociedad como la confianza social en el eje de poder Estatal, el cual ha fallado a sus ciudadanos. Todos somos observadores de marchas multitudinarias que buscan concientizar a los Estados de la existencia de la violencia como ente destructor de los colectivos. Esta violencia no tiene fronteras claras, ni credos ni mucho menos religión. El mundo es testigo de esta inusual prueba llena de crueldad y desgracia.

A todo Estado se le pide solo argumentos constitucionales para que se ejerza el Artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos del Hombre: “todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”. He aquí un fragmento del discurso social de una realidad que manifiesta con preocupación el caos de vivir sin protección en una zona clara de muerte: “pensamos en el valle de México, en Morelos, en Guerrero, en Tamaulipas, en Michoacán y en todo el país. Jalisco es el clímax, el crimen retó al Estado” [29].

El cártel Jalisco Nueva Generación acumula tanto poder que se ha extendido a todos los continentes: África, Europa, Asia y Oceanía [30]. Esta es la evolución de una organización mundial del crimen, que muta de manera sofisticada en contubernio con altos políticos y que además su poder fragmenta a la justicia:

“El Menchito, considerado por el gobierno mexicano como el segundo hombre en importancia de la organización delictiva y su operador financiero. La Procuraduría General de la República ya intentó hasta en dos ocasiones que sea procesado por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero no se han aportado pruebas suficientes para que sea sometido a juicio” [31].

¿Quién arremete contra su propio sistema, si este se encuentra descompuesto desde su base? Esta corrupción imperante del sistema condicionó una fuga espectacular dada en un penal de alta seguridad nacional. Ésta se llevó a cabo por un túnel de 1,5 kilómetros de largo (con una profundidad de 10 metros y con un boquete de 50 centímetros cuadrados) por el cual se llegó a la celda de uno de los narcotraficantes más buscados en el mundo, el “Chapo Guzmán” [32]. Ninguna autoridad se percató del fenomenal y arduo trabajo artesanal por el cual se fugó este reo. De lo anterior se desprenden dos preguntas: ¿quién conocía la arquitectura de una cárcel de alta seguridad nacional? y ¿quién permitiría una construcción sin percatarse de un solo ruido? Luego, brota una sola respuesta: el propio sistema Estatal que procura la justicia en todos los niveles. Él es responsable directo de esta mentira. Cabe mencionar que también existen salidas de penales de alta seguridad por decreto Estatal, esto a través del Tribunal Federal el cual notificó que de manera mediata en 2013 se diera salida a uno de los líderes históricos del narcotráfico en México, Rafael Caro Quintero [33]. De esta forma, se desvanece la maltrecha realidad de un sistema que procura la justica debido a políticas de papel que solo demuestran complicidad, corrupción y cinismo.

Algunas formas sutiles de morir en este México enfermo


En este mar de naufragios hostiles, encontramos que en México el ser baleado, decapitado, desmembrado, apuñalado, ahogado y hasta lapidado [34], puede ser una forma sutil de revelar el acto de morir en una sociedad desarticulada, en una realidad política que se olvida de los que la padecen, en discursos llenos de arrogancia y falta de autocrítica.

En este contexto, el Estado declara en los medios que “aunque aún hay responsables por detener, la investigación se tiene que cerrar” [35], “en el presente asunto no se advierte que se pudiera tratar de ataques generalizados o sistemáticos contra una población civil, sino que fueron hechos que si bien son muy delicados, sensibles y relevantes, constituyen acontecimientos aislados” [36].

Estas versiones de la autoridad que procura justicia en el territorio demuestra el innegable discurso del olvido social, donde la violencia ha escalado en todos los niveles del colectivo. Hay evidencia de estrés elevado y peligroso en grupos etarios de 11 a 20 años, como en Guerrero donde ocasiona trastornos somáticos, sociales y psicológicos [37].

Asimismo, el estrés postraumático (entendido como respuesta sintomatológica que una persona desarrolla después de haber estado expuesto a un suceso altamente estresante -ser testigo de muerte, ataques físicos, violencia sexual, abuso sexual infantil, entre otros-), se presenta como la principal manifestación en la población mexicana. Los datos así lo revelan: uno de cada cuatro mexicanos ha experimentado muerte repentina de un familiar o amigo cercano, atraco o amenaza con un arma y asociación directa con persecución, acoso, violación, secuestro y abuso sexual [38].

Ahora, el estrés postraumático y la psicosis social son huellas de la violencia en México [39]. El mencionar que la policía de la frontera norte es factor de violencia, es afirmar que a los migrantes se les vulnera en sus derechos humanos: acoso sexual, violación, privación de su libertad y abuso [40]. De igual forma, en Ciudad Juárez se han tenido altos índices de egresos hospitalarios por fracturas, heridas por arma de fuego y punzocortante, amputación, luxaciones, esguinces y quemaduras. Estos indicadores son cuatro veces mayor a la media nacional [41].

Además, se tiene registros que hay ciertos estados que presentan altos índices de arresto policial en menores de edad. Éstos han sido portadores de pistolas, rifles de asalto, granadas y delitos contra la salud [42]. Para estos adolescentes, la única alternativa viable de trabajo son los grupos criminales que seducen con trabajo y pago en dólares. Según afirman, así nunca les faltará comida [43].

La violencia que se vive actualmente en México no es la misma que se vivía a principios del siglo pasado, sino que se nutre de una perversidad surgida de los procesos de degradación del Estado y sus instituciones [44]. Algunos especialistas afirman que esta violencia social se sustenta en un descontento social con las autoridades encargadas de administrar e impartir justicia [45], donde la inequidad y la debilidad del Estado representan algunos de los factores que hacen que la existencia de la violencia se perpetúe. También la desigualdad económica (brecha entre ricos y pobres) [46] y la pobreza serán otros factores de ascenso de la violencia en la sociedad [47]. El momento que se vive hoy en México está impregnando al colectivo de un daño crónico e irreparable. Esta violencia puede contagiar epidemiológicamente a cada uno de sus integrantes, para perpetuar actos involuntarios violentos en contra de quien menos pueda protegerse, consagrándose así una epidemia de violencia y atrocidad.

Hay varios factores de riesgo para la presentación de la violencia. Uno de ellos, el más importante, es la desigualdad en la distribución del ingreso. En México ésta se presenta como una de las mayores desigualdades de entre los países que pertenecen a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [48], ya que la “pobreza moderada” se encuentra en un universo de 61,4 millones de mexicanos [49]. Esto es mostrar un escenario social pésimo para una sociedad que busca de entre los escombros del olvido, un aliciente que calme el dolor al que está siendo sometida de manera crónica y que al parecer, continuará.

En México aumentó la pobreza y la indigencia según la Comisión Económica para América Latina y El Caribe[49]. Asimismo, se ha quedado rezagado en el combate contra la desnutrición infantil, presentando los promedios más altos de América Latina y el Caribe [50]. La pobreza extrema (los habitantes que no tienen recursos ni para alimentare) es otra batalla perdida, la que está instalada en 53,3 millones de mexicanos, el 46,2 % de toda la población mexicana de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Además, 79,5% de la población mexicana vive en situación de pobreza y vulnerabilidad manifestada ahora en los grupos urbanos de las ciudades. Estas condiciones se traducen en inequidad social en colectivos sin acceso al alimento y vivienda, siendo parte de lo que recompone la sutil forma básica de perpetuación humana. Estos datos muestran que México es uno de los países con más desigualdad en el mundo por ingresos [51]. Décadas han pasado, la hambruna aumenta, el descontento social se acumula, la anomia social se derrama entre los colectivos y los programas afines a esta catástrofe social carecen del impacto real. Esta situación ha derivado en políticas de tipo paternalista hacia este grupo de colectivos, sin resultados claros, comprobables y sustentables.

Sumado a lo anterior, podemos hablar de que en México existen más de 7 millones de “ninis” (ni trabajan ni estudian). Se trata de jóvenes entre 16 a 29 años que se constituyen como otro problema social [52], donde un desempleo del 14,9% en 2014 [53] condiciona por un lado precarización del empleo que redunda en un estancamiento del consumo de los hogares y empresas; y por otro un desempleo con nulo ingreso per cápita por hogar. A ello se agrega un mini salario de 70 pesos al día (4,3 dólares americanos), ingreso similar al de Haití, India y Bangladesh, ocasionado por empresarios y tercerización (outsourcing) donde el margen de ganancia se establece para empresarios coludidos por políticas y políticos. En este contexto, la desmovilización de trabajadores condiciona escenarios de marginación social [54].

Aunado a lo anterior el suicidio (acción de matarse a sí mismo), ha tenido una transición de este fenómeno hacia el grupo etario de adolescentes y jóvenes, condicionando una tasa de cuatro casos por 100 mil habitantes [55]. Datos oficiales revelan que en México la tasa de suicidas aumentó considerablemente en 50% en 2011, por lo que se clasificó como la segunda causa de muerte. En 2010 más de la mitad de los suicidios se asociaron a varones que no contaban con trabajo [56].

Con esta marginación colectiva se crean ambientes propicios de inestabilidad social, arrojando a las comunidades al desafío contra la muerte. De esta manera surge el inicio de una vida al margen del delito, actitud y glorificación en un estrato demográfico de gran grosor del país. En este nivel se redefine la vida o cultura narco, que se contrapone al orden estatal en una burla de lo negado pero permitido. Aquí se debate gran parte de nuestros jóvenes que buscan una vida de inmediatez, fama, fortuna y poder donde la política, lo económico, lo social y la cultura permiten el juego entre el narcotraficante, el policía y el político corrupto. Como consecuencia, en México se ha ido desenvolviendo y fortaleciendo la economía de la violencia alrededor de un Estado sobrepasado por la pobreza, la marginación y la credibilidad social, con ausencia de ética social y de voluntad política.

¿Qué hacer en tiempos del olvido social?


El análisis de la violencia en México no debe estar desvinculado de la intervención del Estado como máximo rector de justicia, poder y autoridad. En este proceso cognoscente resulta que el Estado se encuentra en una fase inicial que llamaremos fuga. Esta fase es el resultado innegable de que la gran estructura fáctica de poder del Estado delega la autoridad en agentes o instituciones privadas, condicionando de manera directa e indirecta un vacío de responsabilidad que origina pérdida de legitimidad, soberanía, identidad y autoridad. Es un Estado mucho menos burocratizado, disminuyéndose así los costos del aparato administrativo.

La bien llamada privatización del Estado ha mutado en múltiples aristas políticas de intervención legislativa y judicial. Esto ha implicado una reducción de los instrumentos directos de la economía [57] que se traducen en fuerzas de mercadeo internacional, donde el apoyo y la decisión política son desvirtuadas sin ajustarse a las necesidades de los colectivos. Sin una práctica social y con el argumento teórico de que los intermediarios privados garantizan mayor eficacia, mejores resultados y menor corrupción, se construye una realidad a merced de un Estado en fuga, trastocada por completo en marginación, pobreza y violencia. Dicha realidad se traduce por completo en un colectivo lleno de anomia social, desesperanza y agotamiento.

El Estado mexicano en su evolución o metamorfosis ha creado una nueva forma de gobernar al México SA (Sociedad Anónima). Este se va consolidando cada día más a través del llamado “Pacto por México” [58] el cual, según sus adendas, sirve para profundizar en el proceso de democratización del país basado en tres ejes rectores: fortalecimiento del Estado, democratización de la economía y políticas. A ello se incorpora la ampliación y aplicación eficaz de los derechos sociales, junto con la participación de los ciudadanos como actores fundamentales en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas.

En el recorrido de nuestra realidad encontramos que al final, el ciudadano paga las consecuencias de esta nueva regulación social del Estado en fuga (Figura 3). Aquí no hay lugar para marginados y pobres, todos son culpables de no incluirse en este mar de oportunidades rapaces. Aquí no hay comodidad en el vivir sin el costo de la propia vida, aquí se vive para pagar, sea en costos económicos o sociales del desarrollo o en el propio proceso de morir sin costo social.

Hoy es un momento crítico donde lo social trastoca la vida misma de colectivos, sumergidos por el olvido mismo de su democracia monárquica de partidos políticos de representación privada, además de sectores científicos e intelectuales corruptos (Fundación Mexicana para la Salud AC, Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, entre otros). Lo social continúa trastocando lo público, sin búsqueda del beneficio del bien común. El mexicano está arrodillado, suplicando migajas de un gobierno corrupto.

Figura 3. Nueva regulación social del Estado en fuga. 

La violencia ha ido recomponiendo el rostro de México marcado por el homicidio doloso, suicidio y muerte, que ya es parte del folclor social de un desnivel jamás previsto por el área de la salud. La violencia tiene un comportamiento epidemiológico con serias consecuencias para los colectivos.

La violencia es una epidemia puesto que tiene un riesgo de presentación (factores de riesgo) muy alto en los colectivos donde la marginación, pobreza y desesperanza condiciona la perpetuación social de muerte en el colectivo. Tiene además una diseminación, presentación, contagio y vehículo. Todos los estratos de la sociedad han padecido agresión, robo, violación, secuestro, estafa a través de un eje procurador de justicia desvanecido, donde la reproducción social condiciona actos inapropiados contra el propio colectivo. Asimismo, produce en él secuelas a largo y corto plazo como depresión, ansiedad, angustia y anomia social.

Esta epidemiología de la violencia tiene varias manifestaciones patológicas como suicidio (arma de fuego, arma penetrante, arma no especificada), homicidio (doloso, intento, tentativa, negligencia), violación sexual (intento, seducción, rapto, agresión sexual). En estas sintomatologías el período de manifestación y proyección se alargará por varios años más. Con ello, la epidemiología de la violencia presenta un riesgo, un periodo y una manifestación. De esta forma, los colectivos se mantendrán en espera de sufrir un evento violento en un periodo corto, de acuerdo a las proyecciones de esta epidemia. Para este mal no hay vacuna, no hay aliciente alguno que venga a paliar tan grande enfermedad, que deviene en un problema de salud total.

Además esta epidemia también es social, tiene en todo su conjunto factores de determinación social que se comportan como riesgo directo e indirecto para esta patología del mal morir, donde el rezago económico de las familias condiciona que en su enfermedad se gesten procesos de malnutrición, reproducción de la pobreza, desempleo, mini salarios, rezago social y educativo. Esto, sumado a políticas del poder legislativo de un Estado en fuga, crea ambientes tortuosos de ignominia con nula participación social. El ciudadano es arrebatado de sus pocos bienes de seguridad social, educativos, de salud y de paso los naturales para terminar siendo arrojado al neoliberalismo rapaz de nula inclusión social.

El mencionar que el poder judicial termina por no procurar justicia dentro de los ciudadanos, conlleva a una permanencia constante del delito sin persecución. Es el continuo imperfecto del camino desbordado en un Estado que no tiene límites claros de justicia. La epidemia de violencia contiene determinantes sociales que intervienen en esta realidad. Es por ello que la salud pública no puede estar desvinculada de la prevención del acto y, mucho menos, anular esta realidad que en contraparte lineal en panóptica social confluye dentro del todo para un análisis crítico en el área de la salud.

Conclusión

El objeto claro de análisis de esta investigación demarca por completo a la violencia, no sólo como el acto efímero de una atención médica fugaz con secuelas, el indicador de riesgo absoluto o la teorización social y filosófica de este gran mal. A la violencia no se le debe desvincular de los escenarios reales que se viven en un país de ignominia y olvidos. Esta patología se ha clavado dentro de todo el eje estatal en un vaivén lleno de muerte, corrupción, soborno y terror. No existe rincón alguno en este país donde el colectivo pueda refugiarse. Las Academias de Medicina, Institutos de Salud Pública y de Procuración de Justicia, deben ser los encargados de la difusión de estos actos atroces de la vida cotidiana, deben fijar su postura en contra de tanta consternación y proponer alternativas claras desde una visión transdisciplinaria de la determinación social del acto violento.

El Estado a su vez debe reconsiderar la opinión del colectivo, su sentir y su pesar, a través de la creación de foros de discusión en torno a la violencia desde un enfoque de inclusión social, entendiendo que todos los actores sociales son parte de la realidad y no son entes aislados. No se debe continuar sólo con las voces autorizadas del Estado. Además, el Estado debe considerar a la violencia una epidemia nacional y tener niveles de operación real en contra de la misma, sin ser generador de más violencia. Lo educativo, la convivencia social, el rescate de espacios públicos y el mejorar la integración y continuidad de una seguridad social en los colectivos, pueden ser algunas alternativas claras de solución mediata a esta pandemia.

De igual forma, el Estado debe estar atento a todas aquellas relaciones ocultas de funcionamiento político inadecuado, antes de la implosión social originada por esta crisis de violencia. Nos referimos a la corrupción solapada de integrantes de partidos políticos gobernantes, los cuales permiten más violencia en contra del propio colectivo (por ejemplo, el caso Ayotzinapa y la muerte de Iguala).

La violencia es prioridad nacional. Ésta se recompone de factores de determinación social que establecen, por ende, un espacio con reglas y territorito propicio para expandirse, perpetuarse y reproducirse. Es momento de que esta epidemia sea considerada un problema social y de salud pública y no sólo momentos de análisis aislado de cada disciplina, puesto que las consecuencias fácticas de muerte en los colectivos son visibles. Es momento de que se deje de crear un objeto de violencia incorpóreo para traducirlo a una realidad que se debe atender de manera urgente. ¿Cuántos muertos más se necesitan en este territorio para entender que este problema es social y de salud pública? Una vez más, lo repetimos: la prevención de la violencia debe ser hoy prioridad nacional.

Notas

Declaración de conflictos de intereses


Los autores han completado el formulario de declaración de conflictos intereses del ICMJE traducido al castellano por Medwave, y declaran no haber recibido financiamiento para la realización del reporte; no tener relaciones financieras con organizaciones que podrían tener intereses en el artículo publicado, en los últimos tres años; y no tener otras relaciones o actividades que podrían influir sobre el artículo publicado. Los formularios pueden ser solicitados contactando al autor responsable o a la dirección editorial de la Revista.

Financiamiento

Los autores declaran que no hubo fuentes de financiación externas.

Agradecimientos

A todo el mundo por sus muestras de apoyo incondicional a este gran país, en especial a Guatemala país que ha abierto al mundo los sentidos de que la corrupción se puede vencer desde su interior, Guatemala muestra el inicio de la búsqueda de un mundo mejor. Y a todo el grupo de trabajo que integra la Revista MEDWAVEpor abrir las puertas al conocimiento contestatario en salud.


Fuente: http://www.medwave.cl/link.cgi/Medwave/Enfoques/Ensayo/6399

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